Chile - Banco Scotiabank, un banco anti sindical que promueve la desregulación.

Posted by Nuestra publicación: on lunes, abril 27, 2015


Patricio  Guzmán S.

Según consigna el diario Estrategia, durante la junta de accionistas del Banco Scotiabank, celebrada el 21 de abril, el Gerente General de la institución financiera,  Francisco Sardón, informó que las utilidades del banco crecieron un 55% durante el año 2014.  
En dicha Junta fueron elegidos nuevos los directores, destacándose entre ellos Juan Antonio Guzmán, quien también es director de SQM  y  tiene cargos formulados por la SVS. Cabe preguntarnos  entonces, ¿qué confianza pública puede existir en una institución que nombra como director a una persona que está en medio de un escándalo de corrupción de tamañas proporciones?
A pesar de sus cuantiosas utilidades, esta institución financiera vivió una larga huelga de trabajadores en octubre y noviembre de 2014. La paralización terminó tras 15 días de movilización, sin conseguir sus reivindicaciones y con los empleados divididos producto de las maniobras ejercidas por el banco para la restitución de las “actividades normales”. Es así como el sindicato se vio obligado a acogerse al artículo 369 del Código Laboral.  Este artículo significa que los trabajadores deponen su huelga, manteniéndose el acuerdo anterior durante 18 meses, pero sin ningún reajuste, ni siquiera por IPC. 
No satisfecha con esto, la empresa bancaria, ha llevado a tribunales a los dirigentes de los trabajadores con la intención de desaforarlos y despedirlos, en una maniobra a todas luces de carácter antisindical.
De acuerdo con Estrategia, para Sardón la principal preocupación es la Reforma Laboral que está impulsando el gobierno. En particular  considera “inaceptable que a empresas de servicios como la banca se les impida poner reemplazos en huelga”, critica también el fortalecimiento de los sindicatos que según él se pretende con esta iniciativa.
La verdad es que con sus declaraciones, Sardón simplemente muestra la vena extremadamente reaccionaria de la gran banca chilena, temerosa ante cualquier reforma.  Porque, en realidad, esta Reforma Laboral no fortalece a los sindicatos ni mejora la cobertura de la negociación colectiva que mantiene exclusivamente dentro de la empresa y sigue aceptando la práctica antisindical en los grupos negociadores. Peor aún, abre la puerta a una mayor flexibilización, a la pérdida de derechos fundamentales de los trabajadores reconocidos por la ley, al ampliar la negociación a materias como establecimiento de bolsas de horas extraordinarias, la regulación y retribución de tiempos destinados a la preparación para trabajar, así como a jornada pasiva.  
Sin embargo, queda fuera de la negociación colectiva cualquier participación en la gestión de la empresa por parte de sus trabajadores.

El Derecho a Huelga es un derecho básico de la relación laboral, sin el cual la negociación pierde sentido por el desequilibrio de la relación entre las partes, y no debería estar reglamentada más allá de los procedimientos básicos para decidir llevarla a cabo.

En Chile la huelga es ineficiente porque la empresa puede reemplazar a los huelguistas.  El proyecto termina con la contratación de rompehuelgas pero, en cambio, incorpora “Servicios mínimos”, una nueva obligación impuesta al sindicato para que la huelga sea una presión menor e ineficaz

La relación entre Scotiabank y Cencosud.
Cencosud ha cerrado todas las sucursales de banco Paris, excepto dos, ha despedido al grueso de sus trabajadores, incluidas mujeres embarazadas y dirigentes sindicales, también ha trasladado parte de su negocio bancario al interior de sus multitiendas y ha llegado a un acuerdo con Scotiabank para que administre sus servicios financieros.
Francisco Sardón dejó claro que con este acuerdo Scotiabank quiere hacer crecer sus negocios con una alianza que flexibiliza los límites que imponen las regulaciones bancarias. Según sus propias palabras consignadas por Estrategia, “estando dentro del marco operativo de un banco y bajo la regulación y los límites de provisiones, pueda crecer este negocio a tasas importantes y para ello Cencosud es un brazo clave que nos puede ayudar en este objetivo”.








Chile - Video: Inauguración de la Escuela Constituyente

Posted by Nuestra publicación: on lunes, abril 27, 2015








Inauguración de la Escuela Nacional de Monitor@s para la Asamblea Constituyente. Presenta y modera Patricia Ayala
Participan: Sergio Grez, Alberto Mayol y Claudia Iriarte.

La Escuela de Monitores por la Asamblea Constituyente, tiene clases todos los sábados a las 10.00 am  en Cueto 138, Santiago Centro.
La participación es gratuita.

Se ruega difundir.

Chile - Sergio Grez: “El cambio estructural que se necesita supone el harakiri de la casta política”

Posted by Nuestra publicación: on sábado, abril 25, 2015
Por casos de corrupción y crisis del mundo político

Sergio Grez: “El cambio estructural que se necesita supone el harakiri de la casta política”

El académico de la Universidad de Chile recalcó la única solución de fondo a la crisis política pasa por un nuevo cuadro institucional, que podría legitimarse democráticamente a través de una asamblea constituyente.
Por Vanessa Vargas Rojas | 24/04/2015
grezDurante la jornada de este viernes, la presidenta Bachelet recibió las propuestas de la llamada comisión Engel, que tiene por objetivo buscar soluciones y tomar la iniciativa ante un escenario político marcado por la corrupción y la falta de representatividad. En este contexto, El Desconcierto.cl conversó con el historiador y académico Sergio Grez. 
La comisión Engel ofreció hoy sus propuestas a la Presidenta. ¿Tiene alguna esperanza en dicho proceso?
Creo que esta comisión no va a aportar soluciones de fondo, ni al tema de la corrupción ni a la falta de legitimidad de la casta política y del sistema político vigente, puesto que sus indicaciones no van a alterar el sistema institucional que hoy está haciendo crisis. El problema es estructural, tiene que ver con el modelo económico neoliberal, pero también con el sistema político que nos rige desde los ’90. Estas son soluciones parciales que no ven que el tema de fondo es el carácter de este sistema pseudo democrático, con una democracia tutelada, restringida y de baja intensidad. No se arregla con comisiones, ni con elecciones anticipadas, ni con renovación del personal político, sino mediante una solución de fondo: un nuevo cuadro institucional, una nueva constitución y una refundación política mediante la única vía plenamente democrática: la asamblea constituyente.
“No se arregla con comisiones, ni con elecciones anticipadas, ni con renovación del personal político, sino mediante una solución de fondo: un nuevo cuadro institucional, una nueva constitución y una refundación política mediante la única vía plenamente democrática: la asamblea constituyente”.
¿Cree usted que la clase política realmente está enfrentando este proceso de deslegitimación institucional o simplemente tendremos que conformarnos con los procesos judiciales que se llevan a cabo en paralelo, que finalmente podrían terminar en condenas no muy contundentes ni satisfactorias para la sociedad?
No existe una estrategia única en el seno de la casta política, hay distintas propuestas. Hay quienes, como Correa Sutil, han lanzado el video de las elecciones anticipadas. Hay otros personeros que se oponen fervorosamente a esta idea, probablemente porque quieren salvar los puestos que ocupan actualmente y pareciera que hay un cierto desconcierto entre quienes han dirigido la política chilena durante el último cuarto de siglo. Eso nos habla de una profunda crisis, de la desorientación y de la ruptura de ciertos consensos, considerando el carácter profundo de la crisis política que nos aqueja y nos repercute a todos.
entrega informe consejo asesorHagan lo que hagan, cualquiera sea la solución, ya sea echarle tierra a los casos judiciales, mediante presiones políticas o subterráneas, o bien sacrificando algunos elementos más comprometidos, aplicando la política caiga quien caiga, eso no soluciona en el tema de fondo. El cambio de algunas cabezas, la sustitución de algunos liderazgos por personajes menos involucrados, no significa un cambio estructural, no significa un cambio en las reglas del juego y eso no es lo que necesita el país. La ciudadanía pide instalar un sistema político efectivamente democrático, pero esto debe ir acompañado también de transformaciones en el modelo económico, más que transformaciones en el modelo, un cambio de modelo. De tal manera que todo estos actos parecen manotazos de ahogado para tratar de cambiar algo para que no cambie nada sustantivo, es una política gatopardista destinada a salvar lo que la casta política considera más esencial: la permanencia del modelo, del cual obtienen jugosos beneficios, y la permanencia de ellos, en tanto personal político administrador del modelo, continuando por la senda del poder.
Bachelet justamente decía hoy que ella no supo condenar con fuerza y a tiempo estos casos. Públicamente ha mostrado una actitud autocrítica y dolida por lo que está pasando y ahora se espera que anuncie en cadena nacional las propuestas de este informe. ¿Cómo evalúa su desempeño político en el último tiempo?
grez-300x237Ha manifestado cierta desorientación, una que no tiene que ver con su relación personal con el caso de Dávalos, sino con el seno de su círculo de hierro, el más estrecho, que ha evidenciado una notoria desorientación respecto de qué hacer, qué postura adoptar para hacer frente a esta situación que amenaza con transformarse en naufragio. Por lo tanto, has oscilado entre una negativa y una defensa firme. Me acuerdo que, en febrero, tras el caso Caval, el ministro Gómez dijo que se trataba sólo de una cuestión entre privados. Les costó aceptar, finalmente, que lo ocurrido no correspondía, aún cuando no fuera un delito.
Oficialmente, se le ha tratado de cargar las piezas de responsabilidad sólo a la pareja Dávalos Compagnon, salvando a la Presidenta de toda responsabilidad, sosteniendo, como lo han hecho Peñailillo y Elizalde, que la honorabilidad de Bachelet está fuera de toda discusión. Este no es un tema de personas, sino de responsabilidades políticas. Claramente el entorno de la jefa de Estado no quiere soltar la presa, sacrificando a Dávalos pretendieron salvar al resto del equipo y los proyectos, sacrificando la credibilidad de la ciudadanía en esta casta política, incluso en la presidenta y su grupo más íntimo.

Han tenido que cambiar de estrategia sucesivamente y pareciera que en la actualidad eso implica sacrificar a los más impresentables, hacer que caigan dos o tres cabezas, para contentar a la ciudadanía y seguir adelante sin el cambio estructural que se necesita. Este cambio supone el harakiri de la casta política, ese es el punto en cuestión. Un cambio estructural significa que el Parlamento se tiene que hacer una harakiri y eso abriría las puertas para que la ciudadanía se exprese en una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente significa el fin del poder de todas las autoridades políticas, de la presidenta de la República, del actual Parlamento, de los municipios y de todos los órganos electivos del Estado.
Hoy hay mucha fuerza empujando en dirección hacia la asamblea constituyente y aunque el momento político vuelve a poner esta demanda sobre la mesa, Bachelet ha sido muy reacia al tema y no parece ser posible en los próximos años de gobierno.
Exactamente. Tal como tú sabes, ella siempre ha hablado de que tiene que haber un cambio constitucional y que este cambio debe ser mediante la vía institucional y de manera participativa. Eso está en el tono de la ambigüedad que siempre la ha caracterizado, con su manera de pasar de los temas, de manera tal de que unos y otros crean lo que quieren creer. A algunos partidarios de la asamblea constituyente les puede parecer que eso deja la puerta abierta a la posibilidad. Y a quienes se oponen, les suena que la Presidenta quiere hacer el cambio pero no a través de la vía constituyente.
Estudiantes marchaNavegando entre dos aguas, ella y sus asesores, han creído que de esta manera pueden obtener más apoyo político, pero estas ambigüedades tienen un punto de tope, llega un momento en que son necesarias las definiciones y el riesgo de quienes navegan permanentemente entre dos aguas, es perder apoyo de un lado y otro y quedar reducidos a un mínimo de base social, que parece ser la dirección en la cual se está encaminando este gobierno.
En el plano de los movimientos sociales. ¿Qué opina de lo ocurrido durante la última marcha del movimiento estudiantil, multitudinaria y marcada por las consignas de rechazo a la corrupción? Es una de las reacciones más evidentes hasta el momento desde la ciudadanía, pero sigue estando muy acotada a los jóvenes. 
grez1-620x330Desgraciadamente es cierto eso que tú señalas. El movimiento estudiantil, ante la ausencia de otros movimientos sociales y políticos con capacidad equivalente de convocatoria, ha tenido que asumir temas y lanzar convocatorias de tipo ciudadano general, que es bueno que las hagan. Lo que no es bueno es que sólo lo haga el movimiento estudiantil. Por ahora, el movimiento sindical, ni hablar, está muy por debajo de las necesidad actuales y las tareas que históricamente emprendió, y no se avista ningún otro movimiento con esas características.
Yo estuve en la marcha, como he estado desde la primera manifestación en 2011, y pude apreciar que, si bien la inmensa mayoría de los participantes son estudiantes, hay personas que aprovechan esas convocatorias para poder salir a manifestarse. En la marcha del 16 de abril ocurrió algo similar a lo que pasó con las marchas contra Hidroaysén, el 2011, que precedieron a las protestas estudiantiles. Muchas personas salimos no sólo porque estábamos en contra de ese proyecto hidroeléctrico tan nocivo, sino también como forma de expresar un descontento. Hasta ese entonces no existía otro canal, otra posibilidad, que esa convocatoria. Luego vinieron las convocatorias del movimiento estudiantil, que agruparon a cientos y miles, porque era el único espacio para poder manifestarse, incluso más allá de lo educacional. Me parece que ocurrió lo mismo el 16 de abril y que puede seguir ocurriendo durante los meses que vienen, si es que el movimiento estudiantil tiene la sapiencia política suficiente como para no cometer errores, como los cometió el año pasado, pasando todo el año en muchas conversaciones y diálogos infructuosos con el ministro de Educación.

Chile - Sergio Grez dará Primera clase de la Escuela Nacional de Monitor@s para la Asamblea Constituyente

Posted by Nuestra publicación: on sábado, abril 25, 2015


Primera clase de la
Escuela Nacional de Monitor@s para la 
Asamblea Constituyente

Tema: "Historia de los procesos constituyentes en Chile".

Profesor: Sergio Grez Toso, historiador, académico de la Universidad de Chile.

Fecha y hora: Sábado 25 de abril de 2015, 10 hrs.

Local: Mutual de Trabajadores del Transporte, Cueto 138, Santiago (Metro. Unión Latinoamericana).


Materiales de Apoyo:

CHILE: LA TRAYECTORIA DE LA CONSTITUCIÓN DICTATORIAL

El origen espurio de la Constitución de 1980
http://revistasocialismorevolucionario.blogspot.com/2015/04/chile-chile-la-trayectoria-de-la.html

LA AUSENCIA DE UN PODER CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO EN LA HISTORIA DE CHILE

http://revistasocialismorevolucionario.blogspot.com/2015/04/la-ausencia-de-un-poder-constituyente.html

Chile - Ex presos políticos cumplen once días en huelga de hambre por mejores pensiones

Posted by Nuestra publicación: on viernes, abril 24, 2015


TODA NUESTRA SOLIDARIDAD Y RECONOCIMIENTO A LOS EX PRESOS POLÍTICOS EN HUELGA DE HAMBRE POR ONCE DÍAS .

Viernes 24 de abril de 2015.

Los sobrevivientes de entre las y los mejores "viejos luchadores" de nuestro pueblo están arriesgando su vida a una edad avanzada, en una huelga de hambre, para exigir una reparación que en justicia se merecen, del estado, por las vejaciones, la tortura, el exilio forzado y la prisión política, que sufrieron durante la dictadura.  Los ex presos políticos han sido llevados a esta  medida extrema de protesta, desesperados por las penosas situaciones económicas y de salud que la mayoría de ellos sufren

Es indignante el trato que los sucesivos gobiernos de la Concertación, hoy rebautizada Nueva Mayoría, han dado a los y las luchadores, que sufrieron la tortura y la prisión política.  Este gobierno y la Nueva Mayoría, son los mismos políticos metidos hasta el cuello en la corrupción, y financiados generosamente por los grandes grupos económicos, empezando por el Pinochetista Julio Ponce Lerou, desde SQM. 

La Concertación durante muchos años no tuvieron siquiera un gesto de reparación por las violaciones de los derechos humanos. Cuando finalmente estableció la Ley de reparación, cerraron bajo llave las investigaciones de la comisión Valech para proteger a los asesinos y torturadores, y acordaron pensiones y beneficios miserables.

Mientras tanto los torturadores y los oficiales que establecieron y mantuvieron la dictadura reciben jugosas pensiones, gozan de un privilegiado sistema de salud. Pensiones, por cierto muy superiores a los ciudadanos chilenos castigados por el sistema de AFP, que estableció José Piñera durante la dictadura, un sistema del que se libraron las fuerzas armadas.

Exigimos al gobierno de la Sra. Bachelet, y a la Nueva Mayoría que den cumplimiento a las demandas de los ex presos políticos.

Socialismo Revolucionario.


Ex presos políticos cumplen diez días en huelga de hambre por mejores pensiones

DIARIO UNIVERSIDAD DE CHILE.        Andrés Ojeda  
ex presos politicos
Organizaciones de derechos humanos y de ex prisioneros políticos, efectuaron una marcha alrededor de La Moneda, en apoyo a la huelga de hambre nacional que están protagonizando setenta ex presos políticos. Esto con el objetivo de presionar al Gobierno de Michelle Bachelet para que envíe una nueva Ley de Reparación, es decir, una legislación que incremente las pensiones a las víctimas del terrorismo de Estado; mejore las atenciones en salud y extienda estos beneficios a miles de ex presos que no las reciben.


“Somos sobrevivientes de la prisión política y la tortura, mujeres y hombres que luchamos y resistimos contra la dictadura y continuamos haciéndolo, a través de esta huelga de hambre de carácter nacional y en defensa de la dignidad de todos los “expp” de Chile”, expresó Higinio Espergue, dirigente del Comando Unitario de Ex Presos Políticos, en la manifestación cuya consigna central fue “No queremos compasión, exigimos reparación”.
“No queremos más promesas en materia de derechos humanos, continuó Espergue, queremos que se cumplan las que se ya se hicieron y una solución definitiva a nuestras demandas histórica. No fueron personas cualquiera quienes torturaron, secuestraron, hacinaron en campos de concentración y asesinaron a miles de compañeras y compañeros, fueron agentes estatales, miembros activos de todas las ramas de las fuerzas armadas y las policías chilenas, por consiguiente es el Estado de Chile quien debe reparar el daño causado a los miles de compatriotas que sufrieron tortura y prisión política y también a sus familias. Más de 6 mil de estos “expp” ya han fallecido, dejando a sus viudas y descendientes a veces en grave situación de pobreza”, concluyó el dirigente.
Por su parte la profesora María Alicia Salinas, consideró una burla que víctimas del terrorismo de Estado, hoy día ancianos y enfermos, deban movilizarse en demanda de modestas pensiones y atención en salud, mientras los victimarios reciben jubilaciones sustanciosas. Y que políticos chilenos “se preocupen de supuestos presos políticos en Venezuela, mientras no hacen nada por ex presos políticos chilenos”.
Salinas, maestra jubilada, sobreviviente de Villa Grimaldi y de Tres Álamos, se integró a la huelga de hambre que sostienen ex presos en el local de CODEPU, en Santiago, a pesar de sufrir de una diabetes mellitus 2 y se mantendrá en la protesta hasta que se lo permita su situación de salud. Como ella son miles los ex prisioneros que sufren enfermedades de cuidado, pero están dispuestos a movilizarse por demandas que han venido planteando en forma reiterada a todos los gobiernos post dictadura.
Así, setenta ex presos políticos de la Dictadura de Augusto Pinochet se encuentran en huelga de hambre en Santiago, San Felipe y en Osorno, exigiendo reparación por las torturas y vejámenes que padecieron.
En el caso de los huelguistas de Santiago, se manifestaron caminando alrededor del Palacio de La Moneda para que el ministerio del Interior envíe el proyecto de ley que soluciona la reparación de los presos políticos. Así lo explicó Rosa Muñoz Lira vocera de los huelguistas e integrante de la Agrupación de ex Presos Políticos.
“Nos es posible que a esta altura que nosotros llevamos 30 o 35 años luchando por esta causa llevando luchando para tener una pensión digna, una salud digna, una casa de acogida para los ex presos políticos porque nosotros para hacer esta huelga de hambre, nosotros tuvimos que tomarnos el CODEPU. Entonces tampoco es justo, nosotros fuimos presos políticos del Estado y el Estado nos tiene que tener una reparación justa y digna”.
La Directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fries, visitó a los huelguistas y respaldó cada una de las demandas. Además exigió que el Estado les brinde asesorías jurídicas.
“Creemos que todavía hay que avanzar en la asesoría legal de las víctimas de detención y de prisión política y tortura que hoy día no tienen asesoría legal por parte del Estado. Hay que avanzar que tiene que homologar las pensiones, y los beneficios de las pensiones a quienes fueron víctimas de tortura de detención forzada y desaparición y ejecución. Hay que avanzar también en levantar el secreto respecto de la comisión Valech I”.
Finalmente, los ex presos políticos recibieron el respaldo de parlamentarios alemanes que enviaron cartas de apoyo el viernes pasado y este martes los huelguistas recibieron el apoyo de diputados argentinos. Mientras en Chile la preocupación se centra en supuestos presos políticos acusados de sedición, explicaron los dirigentes de los ex presos chilenos.
Además indicaron que desde Valparaíso se podría sumar al ayuno que llevan desde hace diez días y que este viernes se manifestarán a las 13:00 horas en una marcha que rodeara al Palacio de La Moneda para exigir sus derechos.

NICARAGUA (1979-1990): La Revolución Abortada

Posted by Nuestra publicación: on viernes, abril 24, 2015

El Socialista Centroamericano

35 AÑOS DESPUES......
Mucho se ha escrito sobre la revolución nicaragüense. Casi todos son estudios apologéticos de la conducción sandinista, que realzan los hechos gloriosos de la lucha de las masas contra la dictadura somocista y de la etapa heroica y llena de penurias que significó la guerra contra el ejército Contra.
Pero muy pocos autores han escrito un balance crítico de los hechos ocurridos, que analice la estrategia del imperialismo norteamericano para destruir la revolución por dentro, así como cuáles fueron las políticas implementadas por la dirección sandinista para combatirlas, las que finalmente contribuyeron a la derrota de la revolución nicaragüense, y al estancamiento y retroceso de la revolución en Centroamérica.
El presente ensayo se ubica dentro de esos pocos análisis críticos, que defiende la revolución contra los ataques del imperialismo norteamericano pero también revisa críticamente las políticas que aplicó la dirección sandinista durante la revolución (1979-1990).
No se pueden extraer las experiencias y enseñanzas de la revolución nicaragüense sino se estudia, al mismo tiempo, el comportamiento político progresivo de la dirección sandinista que hizo posible el triunfo sobre Somoza, pero que, ante la presión militar del imperialismo, finalmente terminó retrocediendo y abortando la revolución de 1979.
35 años después, se requiere explicar a las nuevas generaciones cuáles fueron las causas de la derrota de la revolución de 1979, cómo fueron realmente los acontecimientos, por qué fue derrotado electoralmente el FSLN en 1990, etc. Y, claro está, comprender porque se produjo la tragedia que todavía desgarra a Centroamérica.
Muchos temas no fueron desarrollados. De antemano pedimos disculpas por estas omisiones. Siempre existe la tentación de escribir una obra casi perfecta, pero ello implicaría que este libro nunca saldría a la luz. Las tesis expuestas en el desarrollo del presente trabajo deben tomarse como lo que realmente son: un material de estudio y de discusión provisional. Si logramos que se abra la discusión habremos cumplido nuestro objetivo.
Centroamérica, 19 de Julio de 2014.
Orson Mojica Álvarez

NICARAGUA.- 4 de abril de 1954: fracasa el intento de ajusticiar a Somoza García

Posted by Nuestra publicación: on viernes, abril 24, 2015

El socialista Centroamericano

Propaganda de la dictadura somocista para capturar a los rebeldes
Por Melchor Benavente
La lucha contra la dictadura somocista estuvo plagada de fracasados intentos de lucha, que costaron la vida a muchos de sus participantes. El 4 de abril de 1954 se produjo un intento de ajusticiar al tirano Somoza García.
El pacto de los generales de 1950
La consolidación del general Anastasio Somoza García en el poder, fue producto de un largo y sinuoso camino que contempló, en muchos casos, las negociaciones y componendas con la oposición conservadora. Somoza utilizaba a menudo un refrán que refleja la combinación de métodos para lograr sus objetivos: “plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos”.
El 3 de abril de 1950 Somoza García firmó un pacto con el general Emiliano Chamorro, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redactara una nueva Constitución, previamente acordada, que sustituiría a la de 1948. Entre los acuerdos estaba la no reelección presidencial. El incumplimiento de este tipo de acuerdos generó malestar en una parte del Partido Conservador, sobre todo en su ala radical o jacobina.
Alas dentro del Partido Conservador
La oposición conservadora se había institucionalizado como parte del régimen y sus instituciones. Una parte de sus dirigentes eran comparsas del somocismo, pero otra parte minoritaria conspiraba contra Somoza. La base social de esta ala jacobina era un sector de la oligarquía, cuyos negocios habían sido arruinados por el avance del somocismo, y por sectores de una clase media pujante, producto del boom algodonero de la postguerra.
Las contradicciones dentro del Partido Conservador, entre corrientes que luchaban entre sí, oscilando entre la colaboración con el somocismo o constituir una verdadera oposición, en algunos casos terminaban pariendo nuevos grupos o corrientes. Una de ellas fue la UNIÓN NACIONAL DE ACCIÓN POPULAR (UNAP) cuyos principales dirigentes fueron jóvenes provenientes del conservatismo como Emilio Álvarez Montalván, Pedro Joaquín Chamorro, Reynaldo Antonio Téfel, Francisco Frixione, Eduardo Rivas Gasteazoro y los hermanos Córdoba Rivas, entre otros. En la UNAP participó Carlos Fonseca Amador, fundador del FSLN.
Se inicia la conspiración
La conspiración armada para derrocar a Somoza García fracasó, entre otros factores, por la amplitud de fuerzas e individuos que participaron en los detalles de la misma. Era tan amplia que el aparato de seguridad del somocismo terminó detectando a los rebeldes.
En este amplio movimiento participaron dirigentes del ala anti somocista del Partido Conservador, liberales independientes, oficiales disidentes de la Guardia Nacional, miembros de la UNAP, incluso participaron miembros de la Legión del Caribe (una organización regional que luchaba contra las dictaduras).
El vuelco del plan inicial
El plan inicial no tenía una meta concreta. Pretendían realizar ataques militares a cuarteles de la Guardia Nacional y Casa Presidencial, y después los rebeldes, no teniendo una retaguardia donde esconderse, se asilarían en algunas embajadas previamente seleccionadas.
Ante los tropiezos objetivos que se toparon los rebeldes, el plan inicial fue convirtiéndose rápidamente en una conspiración armada para asesinar al general Anastasio Somoza García. El criterio predominante que existía en esa época era que, desapareciendo el dictador Somoza, la Guardia Nacional volvería a transformarse en ejército al servicio del Estado y no de la familia Somoza.
Adolfo Báez Bone, ex oficial de la GN y ex miembro de la Legión del Caribe, fue quien más impulsó la idea de ajusticiar al dictador Somoza García. El Plan era sencillo: Somoza García viajaba cada domingo a descansar a su finca Montelimar, en las afueras de Managua, la emboscada se realizaría a la altura del kilómetro dieciocho de la carretera Sur, en zona boscosa de las Sierras de Managua.
Somoza cambió la ruta
Los planes de los rebeldes se vinieron al suelo cuando se enteraron que la caravana de Somoza García no pasaba a la hora prevista. Todavía no se sabe si fue una casualidad del destino (Somoza fue al aeropuerto a revisar el desembarque de una manada de caballos de pura raza que le había regalado el general Juan Domingo Perón) o si había sido alertado por el aparato de seguridad de la conspiración en curso.
Ante el fiasco de la operación militar, sin un mando centralizado, sin planes contingentes, y ya descubierta la conspiración por parte de la GN, los rebeldes debatieron cómo refugiarse en Costa Rica (tenían que recorrer más de 100 kilómetros para llegar a la frontera). En el proceso de repliegue fueron detenidos por un retén de la GN que inspeccionaba los vehículos, creyéndose descubiertos se produjeron los primeros disparos, cayeron los primeros muertos y el resto se refugió en los cafetales, donde fueron cercados por la GN, capturados vivos y fusilados inmediatamente en el mismo lugar.
Este movimiento armado del 4 de abril de 1954 fue la primera rebelión seria contra el somocismo, sentó las bases para otra rebelión el 11 de noviembre de 1960, con la toma de los cuarteles de Jinotepe y Diriamba, la misma zona donde fueron masacrados los rebeldes de 1954. Estas rebeliones sirvieron de fuente de inspiración, veinte años más tarde, para el surgimiento de la corriente tercerista dentro del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la que encabezó la insurrección de masas en 1979.

LA AUSENCIA DE UN PODER CONSTITUYENTE DEMOCRÁTICO EN LA HISTORIA DE CHILE*

Posted by Nuestra publicación: on miércoles, abril 22, 2015
Sergio Grez Toso **
Materiales de la Escuela Constituyente

Difícilmente podría la Ciencia Política considerar democrático un país en el que nunca se hubiese realizado un debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir su vida en comunidad. Un Estado cuyas cartas constitucionales más importantes siempre hubiesen sido el fruto de las discusiones, conciliábulos, consensos o imposiciones por la fuerza de pequeños grupos. Una sociedad cuyas Constituciones más duraderas fueran el resultado de la presión ejercida por la fuerza militar. Mal podría definirse dicha sociedad
política como democrática y a sus habitantes como ciudadanos de derecho pleno. A lo sumo se diría que se trata de un país semidemocrático con una ciudadanía restringida. 

Chile es un país de ese tipo: ninguno de sus textos constitucionales ha sido producido democráticamente. Aunque la historiografía chilena ha sido generalmente esquiva a abordar esta cuestión (porque las evidencias históricas contradicen los supuestos de la mitología “patriótica democrática” en los que se ha basado el consenso político nacional), una breve revisión de la gestación de las cartas constitucionales en el Chile republicano basta para ratificar la hipótesis de la ausencia de procesos constituyentes de carácter Democrático, como podrá apreciarse a continuación.

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http://testimonio-cronica.blogspot.com/2015/04/la-ausencia-de-un-poder-constituyente.html


Chile - Negociación colectiva por rama: contigo hemos topado

Posted by Nuestra publicación: on miércoles, abril 22, 2015

EL MOSTRADOR.  20 de abril de 2015

Profesor de Derecho Laboral Universidad Diego Portales
Javiera no la quiere. Alberto tampoco. Y La Tercera –en un furibundo editorial– les pone piso, celebrando que la rechacen (La Tercera, 11.04.2015).
Una idea en cuatro palabras: negociación colectiva por rama.¿Qué es aquello que une ideológicamente a Blanco y Arenas con la voz editorial de parte del empresariado criollo? ¿Cuál es el “viejo del saco” que asusta tanto a la elite empresarial chilena y sus representantes  políticos?
Después de décadas de discutir –en medio de un sindicalismo somnoliento– cuestiones periféricas como el multirut, piso mínimo y otras bagatelas, los trabajadores chilenos han llegado, por fin, al corazón del modelo laboral. Ese que en su día diseñó puntillosamente José Piñera, y que tantos hasta hoy, como Javiera y Alberto, han ayudado a sostener.
¿Entenderá el neoliberal local que la negociación colectiva por rama versa –en todas partes del mundo donde existe– sobre condiciones mininas de trabajo y no, como confunde en su apocalíptico editorial La Tercera, sobre condiciones ideales o estándares de trabajo?
La negociación colectiva por rama o sector ha entrado por la puerta ancha de las demandas del mundo sindical chileno, que comienza lentamente a despertar, después del largo letargo de los últimos veinte años –el letargo de una CUT adormecida y controlada por ciertos partidos políticos y sus poco autónomos “dirigentes militantes”–.
Toparnos –al fin– con la negociación colectiva por rama se ha dado, obviamente, contra la total voluntad del Gobierno, el que no ha ahorrado en imaginación para evitarla en la agenda pública: primero, la ignoró (“no está en el programa”, repite obsesivamente Javiera), después la trató de inconstitucional, y ahora la rechaza, al igual que La Tercera, por razones de ideología económica.
Rechazo construido, a todo esto, sobre un puñado de mitos. Mitos que solo han servido para perpetuar el modelo laboral que diseñara la dictadura. Veamos los más importantes.
El primero lo podemos llamar el mito de “todos somos pyme” –aunque, paradójicamente, siempre se lo escuchamos a la Sofofa–. La negociación por rama afectará irremediablemente a las Pymes porque ellas no podrán soportar, se dice, las mismas condiciones de trabajo de las grandes del rubro o sector. Esta es, qué duda cabe, la falacia mayor y preferida por el neoliberalismo criollo sobre la materia.
¿Entenderá el neoliberal local que la negociación colectiva por rama versa –en todas partes del mundo donde existe– sobre condiciones mininas de trabajo y no, como confunde en su apocalíptico editorial La Tercera, sobre condiciones ideales o estándares de trabajo?
No hay en la negociación colectiva por rama riesgo para las pequeñas y medianas empresas, porque no compartirán las mismas condiciones laborales que las grandes. Y ello, porque por sobre la negociación por rama –que fijará un piso mínimo– cada empresa, según su realidad y tamaño –y la fuerza sindical de sus trabajadores–, determinará las condiciones estándares de trabajo. Como es obvio, en ese escenario, los trabajadores de la gran empresa obtendrán condiciones de trabajo muy superiores a los trabajadores de la pequeña y mediana empresa.
De este modo, no hay exclusión ni incompatibilidad entre negociación colectiva por rama que fija esas condiciones básicas, igual que lo hace, por ejemplo, una ley de sueldo mínimo, y la negociación por empresa, que fija las condiciones estándares para cada trabajador, según la realidad empresarial en que se desenvuelve.
Lo que sí ocurrirá es que los hoy completamente excluidos de la negociación colectiva –9 de cada 10 trabajadores chilenos– podrían, por primera vez, desde la dictación del Plan Laboral de la dictadura, acceder al ejercicio de un derecho fundamental consagrado en la propia Constitución de 1980, y en diversos  tratados internacionales, particularmente el Convenio N° 98 de la OIT.
El segundo mito en la materia es el que podemos llamar “el mito de la provincia”. Los trabajadores chilenos, tercermundistas ellos, no están preparados para tamaño avance, que solo está reservado para países desarrollados, donde los trabajadores tienen una virtud que no se encuentra aquí entre tanto olor a empanada: son razonables económicamente hablando.
Ese argumento daría para reír, si no fuera porque se ocupa para algo serio: impedir a los trabajadores chilenos un estándar de derechos colectivos como los que otorgan las mejores democracias del mundo.
Como es obvio, en la negociación por rama no se trata de que los trabajadores ganen más dinero por sobre la realidad económica y productiva del país, sino de su distribución equitativa: que dejemos de ser una sociedad que da vergüenza, atacando una de los causas centrales de dicha situación, como es la distribución de la riqueza que se produce en el trabajo. Y no solo es reparto de riqueza económica, sino que de poder político: que los trabajadores puedan participar en las decisiones que los afectan por la vía de sus organizaciones sindicales más representativas.
Salvo que lo que se pretenda –y eso habría que decirlo en voz alta– es que los trabajadores chilenos, entendidos como un recurso más, se comporten como los muebles: no hablen ni existan. En cualquier caso, para quien se tome en serio “el argumento de la provincia” siempre habrá ejemplos incómodos. Como el de Uruguay, país que con el mismo nivel de desarrollo que Chile, tiene una cobertura de la negociación colectiva propia de los países más desarrollados: cerca del 90 por ciento de trabajadores afectos a un contrato colectivo.
¿Qué hay detrás, entonces, de toda esta parafernalia argumentativa?
Básicamente miedo. El de que los trabajadores y sus organizaciones sindicales se constituyan como agentes políticos relevantes, cuyo radio de acción supere el estrecho marco de la empresa.
¿Alguien duda que en las actuales circunstancias a un movimiento sindical con poder y autonomía le habría correspondido pilotear el profundo descontento ciudadano ante el estado calamitoso de nuestro sistema de representación política? ¿No hay ya razones suficientes en Chile, como ocurre en muchas democracias del mundo, para una huelga general por razones políticas?
Es fácil advertir que, a los ojos de nuestra elite política, ese miedo se encuentra plenamente justificado.
Miedo que no es nuevo, en todo caso. Básicamente es la historia de nuestros trabajadores en el siglo XX y sus organizaciones, las que, salvo contados periodos históricos, fueron vistas como objeto de control por los partidos políticos, y no como agentes con autonomía que formaran parte de una compresión más participativa de la democracia.
En ese sentido, honramos una larga tradición, podrían decir Javiera y Alberto en su defensa.
“Servidores de pasado en copa nueva”, podríamos decir otros, tarareando a Silvio.

Chile - CHILE: LA TRAYECTORIA DE LA CONSTITUCIÓN DICTATORIAL

Posted by Nuestra publicación: on miércoles, abril 22, 2015
Materiales de la Escuela Constituyente


El origen espurio de la Constitución de 1980

La Constitución pinochetista de 1980 tiene un origen ilegítimo. Fue obra de un restringido grupo de juristas y políticos de extrema derecha que trabajó secretamente durante casi siete años y luego fue "aprobada" en un plebiscito totalmente fraudulento.

Chile vivía bajo una dictadura militar-empresarial, que utilizaba el terror para implementar la versión más extrema de un proyecto de sociedad y economía neoliberal.
La ciudadanía carecía de las condiciones mínimas para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores habían sido asesinados, encarcelados, torturados o exiliados. No había libertad de expresión, derecho de reunión ni de asociación para los opositores; los registros electorales habían sido quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia regía en todo el territorio nacional y el “receso político” o prohibición de funcionamiento de los partidos políticos se prolongaba desde septiembre de 1973.

La dictadura preparó en secreto su proyecto constitucional. Pocos días después del golpe de Estado, la Junta Militar de Gobierno creó una Comisión Constituyente encabezada por el ex ministro Enrique Ortúzar del derechista ex Presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Durante cinco años este grupo preparó un anteproyecto constitucional, siguiendo las orientaciones del gobierno dictatorial. En noviembre de 1977 el tirano Pinochet entregó a Ortúzar instrucciones escritas por su Ministra de Justicia Mónica Madariaga y por Jaime Guzmán, principal ideólogo del régimen, para que elaborara un proyecto de Constitución. Al cabo de casi un año de trabajo, la Comisión Constituyente produjo el texto encargado y el 31 de octubre de 1978 Pinochet pidió al Consejo de Estado que comenzara a analizarlo. Al término de ese estudio, el 26 de junio de 1980, doce días antes de la fecha fijada para que el Consejo de Estado presidido por el ex Presidente Jorge Alessandri entregara oficialmente el proyecto de nueva Constitución, el gobierno formó un grupo de trabajo encargado de revisarlo a cuya cabeza quedó Mónica Madariaga. La ministra y cuatro auditores militares, más algunos invitados ocasionales, realizaron un trabajo sigiloso e intenso dando lugar a 175
cambios en los que se expresó el consenso esencial del bloque dominante.

El texto corregido fue remitido oficialmente el 8 de julio por el Consejo de Estado a la Junta de Gobierno; luego fue analizado durante algunas semanas por juristas y algunos hombres del poder. El 10 de agosto de 1980 se aprobó la versión final. Todas las deliberaciones fueron secretas. El 11 de agosto, el gobierno anunció por cadena nacional de radio y televisión que en un plazo de treinta días se realizaría un plebiscito
para aprobar o rechazar el proyecto de nueva Constitución.

El menguado "debate" ciudadano se realizó en condiciones de estado de emergencia, receso político, control gubernamental de las publicaciones, clima de terror generalizado y sin alternativas reales para los votantes, sin claridad de las consecuencias jurídicas de una eventual derrota de la opción Sí prohijada por la dictadura, sin registros electorales y sin supervisión ni recuento electoral independiente. El gobierno solo
autorizó la realización de un meeting opositor y puso todos los recursos del Estado, además del amplio control de los medios de comunicación que tenían sus partidarios al servicio de la campaña por la aprobación de la nueva Constitución.

Los resultados oficiales del plebiscito fueron los siguientes: votos por el Sí a la nueva Constitución: 4.204.879 (67,04%); por el No (rechazo): 1.893.420 (30,19%); nulos: 173.569 (2,77%).

La oposición denunció todo tipo de fraudes e irregularidades. En el 39,7% de las mesas observadas por sus voluntarios se detectaron irregularidades. Así, en al menos nueve provincias (Tocopilla, Chañaral, Linares, Cauquenes, Huasco, Choapa, Valparaíso, San Antonio y Malleco), “votó” más del 100% de la población. Cinco años más tarde, el sociólogo Eduardo Hamuy (“padre” de las encuestas de opinión en Chile) informó que un equipo de 660 voluntarios había observado los votos y los recuentos del plebiscito de 1980 en 981 mesas electorales escogidas al azar en el Gran Santiago (alrededor de 10% de las 10.522 mesas en 170 locales de votación), registrando cinco tipos de fraudes o irregularidades: recuento erróneo de votos (contabilización de votos No y nulos como blancos o Sí, o anulación de votos No); inconsistencias entre el
número de votos contados y el número de firmas de votantes registrados (votantes  excesivos o faltantes); recuentos no públicos; personas que votaron más de una vez; y otras irregularidades. Aunque Hamuy no pudo cuantificar la magnitud exacta del fraude, estimó que, a partir del 39,7% de las mesas donde se cometieron irregularidades, era
legítimo suponer que sin fraudes electorales el resultado del plebiscito habría sido contrario al gobierno en el Gran Santiago, concluyendo que estaba “probabilísticamente justificado dudar de la legitimidad Constitución de 1980 e incluso negarla”.

A modo de conclusión, puede afirmarse de la manera más taxativa que tanto en sus orígenes como en su  forma de ratificación, la Constitución de 1980 fue una imposición a la fuerza, un acto coercitivo,  jurídicamente nulo y vacío según los principios del derecho público. Fue (y es) una Constitución de facto, del mismo modo que los decretos leyes de la dictadura. En el momento de su promulgación fue un simple
mecanismo de prolongación de la dictadura. El texto permanente era, en esos momentos, meramente semántico, nominal, porque solo servía para dar la apariencia de legalidad al monopolio del poder. La Constitución efectiva eran sus disposiciones transitorias.

Para que el texto permanente adquiriera visos de legitimidad se requería del concurso de otras fuerzas dispuestas a jugar el juego de las fuerzas dictatoriales y neoliberales.

Legitimación del sistema pinochetista por la Concertación
Cuando era oposición, el liderazgo de la Concertación cuestionó completamente la Constitución de 1980 y las instituciones económico-sociales impuestas por la dictadura, por considerarlas antidemocráticas y contrarias a la justicia social.Sin embargo, como lo reconoció su eminencia gris (Edgardo Boeninger) en 1997, dicho liderazgo experimentó, a fines de la década de los 80, una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, situación que “políticamente no estaba en condiciones de reconocer”.

Producto de esa convergencia inconfesable, la dirigencia concertacionista no quiso quedar “desnuda” ante sus bases de apoyo y le regaló a la futura oposición de derecha la inminente mayoría parlamentaria que le aguardaba a Aylwin, a través de reformas constitucionales concordadas con Pinochet, las que pasaron desapercibidas en el “paquete” plebiscitado en julio de 1989. En efecto, la Constitución original de 1980
(sobre la base del supuesto de que Pinochet sería ratificado en el plebiscito de 1988) establecía que el futuro Presidente gobernaría con mayoría parlamentaria simple teniendo mayoría absoluta en una Cámara y solo un tercio en la otra. Considerando la histórica minoría electoral de la derecha, aquello le daría a Pinochet la mayoría necesaria en el Senado con el aporte de los senadores designados; y obtendría, gracias al
sistema binominal, el tercio de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, su derrota en el plebiscito de 1988 generaba, con seguridad, la
previsión opuesta. Sería la Concertación la que ganaría la mayoría en la Cámara, a pesar
del sistema binominal; y alcanzaría indefectiblemente el tercio del Senado, pese a los
senadores designados. Recordemos que el Senado original se componía de 35
miembros: 26 elegidos (2 por cada región) y 9 designados, cuyo tercio era 12. La
Concertación, en el peor de los casos, elegiría 13.

Con ello, esta coalición no hubiese podido modificar la Constitución ni las leyes
orgánica-constitucionales por los quórum supra-mayoritarios exigidos, tampoco las
leyes de quórum calificado que requerían de la mayoría absoluta de ambas cámaras.
Pero, de todas formas, Aylwin habría quedado con la mayoría suficiente como para
transformar completamente (en la línea de lo planteado en los 80) los sistemas laboral,
sindical, de salud, universitarios, financieros, tributarios, de juntas de vecinos y colegios
profesionales, el decreto-ley de amnistía, etc.

Esa previsión fue liquidada por el propio liderazgo de la Concertación, que
estuvo de acuerdo con elevar los quórum para leyes simples en ambas cámaras a
mayoría absoluta, sin terminar con los senadores designados, a cambio de algunas
liberalizaciones como acotar las sanciones a quienes profesaran ideas “totalitarias”,

dejando a salvo a las personas; flexibilizar los mecanismos de reformas constitucionales
y disminuir las facultades del Ejecutivo en los estados de emergencia.
Ciertamente que lo anterior no se produjo debido a que una “epidemia de
estulticia” afectara al conjunto de la dirigencia concertacionista, o por temor a que
Pinochet diera un golpe para el que no existían condiciones políticas a mediados de
1989. Menos aún con el pretexto de que la oposición no accedía a cambiar su propio
texto constitucional. La única explicación razonable nos remite a Boeninger. Esto es,
dado que la cúpula de la Concertación ya no quería efectuar los cambios prometidos,
pero no podía reconocerlo ante sus bases, la solución estaba en generar un escenario en
que ese liderazgo efectivamente no pudiese efectuar dichos cambios, sin estar obligado
a reconocer que ya no quería hacerlos.

En total congruencia con lo anterior, las principales medidas políticas,
económicas, sociales y comunicacionales desarrolladas por los sucesivos gobiernos
concertacionistas llevaron ese sello: el de las concesiones a la derecha sin que se
notasen. Empezando por la tenaz negativa de dicho liderazgo a efectuar pactos
meramente electorales con la izquierda extraconcertacionista (¡arguyendo que había
sumas que restan!) en las elecciones parlamentarias; las que, proyectando los resultados
producidos, le hubiesen dado mayoría absoluta propia a la Concertación en ambas
cámaras en 1997. Siguiendo por la virtual “autodestrucción” de todos los medios
escritos afines a la Concertación durante la década de los 90, efectuadas por políticas
(hasta ahora inconfesadas) diseñadas por los propios gobiernos, como ha sido
reiteradamente denunciado –sin desmentido alguno hasta la fecha- por varios directores
de esos medios. Continuando, al mismo tiempo, con la “neutralización” de TVN, al
establecerse por ley directorios virtualmente paritarios con la derecha que bloquearon la
posibilidad de efectuar debates plurales entre pinochetistas y anti-pinochetistas sobre lo
que había sido la obra de la dictadura. Y terminando, respecto de los medios de
comunicación existentes, con la privatización del Canal de la Universidad de Chile, que
pudo haber contribuido a un debate plural sobre el estado del país y su historia reciente.
Otro elemento en esta dirección lo proporcionó, no solo la ausencia de revisión
de privatizaciones de servicios públicos fundamentales o de riquezas básicas efectuadas
por la dictadura (procesos que destacaron, además, por sus turbios conflictos de
intereses), sino la continuación de aquellas en forma de ventas o de concesiones a
grandes capitales nacionales y extranjeros, como el caso del agua, del sistema portuario,
de la pesca, de los caminos y, sobre todo, de la desnacionalización de más del 70% de la
gran minería del cobre. Esto unido a políticas que profundizaron el perfil primario
exportador de la economía; nuestro alejamiento de los procesos de integración
regionales; y la frenética búsqueda de la inserción solitaria en el mercado mundial, que
culminó con decenas de tratados bilaterales de libre comercio.

Por otro lado, los sucesivos gobiernos de la Concertación o parlamentarios de
ese conglomerado buscaron reiteradamente –en acuerdo con la derecha- avalar la
impunidad establecida por el decreto-ley de amnistía o aprobar leyes que disminuyeran
ostensiblemente las penas de quienes llevaron a cabo las desapariciones forzadas o las
ejecuciones de personas. Fueron los casos del “acuerdo-marco” de 1990, del proyecto
de ley Aylwin de 1993, del proyecto de ley Frei y del “acuerdo Figueroa-Otero” de
1995, del proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 1998,
del proyecto de ley de inmunidad de Lagos de 2003, de un proyecto de ley de senadores
concertacionistas y de derecha de 2005, y de su reflotamiento por Bachelet en 2007.
Afortunadamente, todos esos proyectos fracasaron por la dura oposición de las
agrupaciones y organizaciones de derechos humanos y del eco que esta resistencia
provocó en varios parlamentarios de la propia Concertación.
Desgraciadamente no pasó lo mismo con el proyecto de ley de Lagos –aprobado
en 48 horas en 2004- destinado a brindar una virtual impunidad a los torturadores, al
establecer un secreto de 50 años para todas las denuncias efectuadas ante la Comisión
Valech, además de una prohibición al Poder Judicial de tener acceso a dichos datos.
La genuina voluntad concesiva reconocida por Boeninger en 1997 fue ratificada
completamente cuando Lagos (entre 2000 y 2002) y Bachelet (entre 2006 y 2007)
adquirieron finalmente una mayoría absoluta en ambas cámaras, sin hacer nada por
desmantelar la institucionalidad económica, social y cultural impuesta por la dictadura.
Asimismo, cuando los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet se negaron a devolverle a
Víctor Pey los bienes del confiscado diario Clarín, con el –obviamente- entusiasta
apoyo en ese sentido del duopolio “El Mercurio-Copesa” y del conjunto de la derecha.
Y cuando los gobiernos de Lagos y Bachelet (que por su denominación de socialistas
generaron aprensiones en la derecha) terminaron en medio de los más exultantes
panegíricos prodigados por una pléyade de políticos, economistas y empresarios de
derecha, nacionales y extranjeros.
Por último, la culminación de todo este proceso –desde el punto de vista
institucional- lo representó el hecho de que en 2005 el liderazgo de la Concertación
¡hiciera suya la Constitución del 80!, a través de su firma por Lagos y todos sus
ministros, sustituyendo así la de Pinochet, a cambio de la eliminación de los elementos
más impresentables de la autonomía militar: La inamovilidad de los Comandantes en
Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y la existencia de un Consejo de Seguridad
Nacional que, por su composición y atribuciones, socavaba ostensiblemente la
subordinación de aquellos a las autoridades civiles electas. Es importante destacar que
la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas (impuesta por Pinochet y
“protegida” por el virtual veto de la derecha) quedó intacta y que ella estipula diversas
disposiciones que le confieren a dichas instituciones grados de autonomía incompatibles
con un sistema político auténticamente democrático.

Las otras reformas aparentemente democratizadoras –la eliminación de los
senadores designados y vitalicios; y el hecho de sacar del texto constitucional el sistema
electoral binominal- significaron poco o nada. El primero, debido a que por la forma de
su designación y por el creciente número de senadores vitalicios concertacionistas, no
era claro que desfavoreciese a la derecha. Y el segundo, debido a que la inclusión en
una ley orgánica constitucional que bajaba los quórum para su reforma de 3/5 a 4/7, ¡se
hizo con la salvedad de que para reformar específicamente dicho sistema, se mantenía
la exigencia de 3/5! Es decir, constituyó un verdadero fraude jurídico y político al
conjunto de la sociedad chilena.

En conclusión, los gobiernos de la Concertación legitimaron, consolidaron y
perfeccionaron pacíficamente la obra refundacional impuesta a sangre y fuego por la
dictadura. Así como era imposible en 1973 que un modelo neoliberal fuera aceptado por
la sociedad chilena, también le era imposible a la derecha en 1990 generar las
condiciones para que dicho modelo fuese efectivamente legitimado y consolidado. Ese
rol solo podía desempeñarlo una coalición gobernante –nominalmente- de
centroizquierda. Ese fue, en definitiva, el rol histórico principal de la Concertación.

Foro por la Asamblea Constituyente
Santiago, enero de 2014.

Correo: foroporlaasambleaconstituyente@gmail.com
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